El último Pleno de la legislatura en el Congreso fue un perfecto resumen de estos meses de Gobierno socialista: frente a las propuestas para avanzar en derechos y libertades, las derechas sólo ofrecieron ruido e insultos.
Editorial de El Socialista (1 de marzo de 2019, en línea)
El Congreso de los Diputados celebró esta semana su último Pleno de la legislatura, que sirvió para visualizar de forma clara la aportación de cada grupo. Una vez más, frente a las propuestas para avanzar en derechos y libertades de los progresistas, las derechas prefirieron recurrir al ruido y los insultos. PP y Ciudadanos evitan entrar a debatir porque no tienen argumentos e ideas para mejorar la vida de la ciudadanía. Y ante sus carencias, su único recurso es embarrar el terreno de juego y oponerse a todas las medidas del Gobierno.
La comprobación de esta tesis llegó a primera hora del miércoles, cuando Casado y Rivera habían citado al presidente Sánchez a comparecer de forma extraordinaria ante la Cámara para explicar su posición ante el Brexit y la crisis en Venezuela. Pero cuando los representantes de las derechas tomaron la tribuna, estos dos asuntos de la máxima importancia se diluyeron por completo:Casado y Rivera apenas les dedicaron unos minutos; prefirieron obviar estos temas, criticar el balance de la acción de Gobierno socialista y hablar de Cataluña.
“Entiendo que estamos en época preelectoral y que se hagan intervenciones más electoralistas, pero PP y Ciudadanos deberían respetar el orden del día. La ética pública empieza por estudiarse los temas. Reivindico el parlamentarismo útil”, comentó un sorprendido Sánchez en su réplica. Todos sus argumentos y detalles sobre la respuesta de España a la salida del Reino Unido de la UE y en torno a la crisis en Venezuela habían quedado sin respuesta en los discursos de las derechas, sumidas en el insulto y la crispación.
Porque lo cierto es que Casado y Rivera, Rivera y Casado, aún no han digerido el cambio de época que supuso la moción de censura y no han encontrado su lugar en la oposición. Mentiras, descalificaciones, exageraciones y ruido: ese ha sido el guión de PP y Ciudadanos en el Congreso desde que perdieron el poder. Ocho meses en los que las derechas han sido incapaces de dibujar una alternativa seria a la acción del Gobierno: su problema no son las medidas del Ejecutivo, su problema es que no toleran que los progresistas gobiernen este país.
En medio de su sinrazón, la España que avanza, moderada, sensata y prudente se ha abierto paso. El Gobierno ha sacado adelante 28 decretos y 19 leyes progresistas en apenas ocho meses, pese a partir únicamente con el apoyo de los 84 diputados socialistas –el menor apoyo parlamentario de un Ejecutivo en democracia– y pese al reiterado bloqueo en la Mesa de la Cámara Baja de PP y Ciudadanos, que han torpedeado 50 normas ampliando hasta el infinito los plazos de enmiendas en un intento por paralizar la Cámara y no perder más votaciones.
Entre las normas aprobadas, está la ley de medidas urgentes para aplicar el pacto de Estado contra la violencia de género, olvidado por la anterior administración; la que mejora las pensiones de orfandad de hijas e hijos de víctimas de esta violencia; la ley que garantiza el derecho de sufragio de las personas con discapacidad; la norma que mejora las condiciones del profesorado en la educación no universitaria y la trasposición de un sinfín de directivas europeas que estaban abandonadas en un cajón y podían significar sanciones a España.
Además, se han aprobado decretos para reuniversalizar la Sanidad, mejorar el programa de activación para el empleo, para ampliar la Ley de Memoria Histórica, para la subida de las pensiones, del salario mínimo y del salario de los funcionarios, para impulsar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y para dejar exentas de tributación las prestaciones por maternidad y paternidad, entre muchas otras medidas. El próximo 28 de abril, España se juega seguir avanzando y haciendo política útil o caer en la crispación.