La Delegación de Gobierno insta al Ayuntamiento de Calatayud a la retirada de la Medalla de oro concedida a Franco en 1956 y el abogado Eduardo Ranz pide al Arzobispado que retire un pendón del Rosario de Cristal con simbología franquista
E. Sánchez – L. Morcillo – Radio Zaragoza – 30/10/2022 – 15:17 h CET
Zaragoza/Calatayud/Teruel – La Delegación de Gobierno insta al Ayuntamiento de Calatayud a que anule la resolución plenaria por la que se concedió al dictador Francisco Franco la Medalla de Oro de la cuidad. No es la primera vez que se reclama al Ayuntamiento bilbilitano, pero ahora se hace con otro marco legislativo. El pasado 21 de octubre entró en vigor la nueva Ley de la Memoria Democrática, que no deja lugar a dudas a la hora de exigir la retirada de los símbolos y distinciones franquistas.
No es la única reclamación al cumplimiento de la Ley que se realiza estos días en la comunidad, el abogado memorialista Eduardo Ranz se ha dirigido al Arzobispado de Zaragoza para que retire un pendón del Rosario de Cristal con simbología franquista, «un escudo preconstitucional», que el abogado asegura «se exhibe en determinadas fechas relevantes para la Iglesia Católica»..
En Aragón se calcula que permanecen más de 40 símbolos franquistas repartidos por la comunidad. La anterior ley no afectaba a elementos privados, pero la actual sí especifica que se deben retirar los elementos privados con un uso público, en eso se basa el escrito remitido por Ranz al Arzobispado.
Ley de Memoria Democrática
Además, la ley dispone la extinción de todas las fundaciones y asociaciones «que hagan apología del franquismo o supongan un menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas», explica el texto.
Pero una de las principales novedades es que será el Estado el que promueva y financie la exhumaciones. Además, «vamos a tener la materia a nivel educativo, los hijos de los exiliados tendrán nacional española, se podrá exhumar en lugares públicos y privados y dignificaremos nuestras calles retirando la simbología de exaltación», explica Ranz.
La ley incide en el derecho a la verdad, a que los familiares sepan con exactitud qué pasó con los fusilados y desaparecidos. A las mujeres se les dedica un capítulo especial, ya que la nueva norma reconoce expresamente el papel que desempeñaron y el desprecio y las humillaciones a las que se les sometieron.
La ley establece dos días oficiales de la memoria, mañana 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo expresamente para las víctimas del exilio.
Asociaciones memorialistas
En general, las asociaciones de memoria histórica reciben esta nueva ley como un respaldo importante a su causa, aunque recuerdan que Aragón cuenta con su propia Ley de Memoria Histórica. Que, en principio, «no es incompatible con la nacional» explica Anabel Lapuente, presidenta de la Plataforma Acción para la Memoria.
La Ley de Memoria Democrática supone un paso adelante muy importante para las familias y las asociaciones memorialistas, que ya no tendrán que buscar financiación para asumir la exhumación de las fosas. Ahora será el Estado, pero «se exige también un estudio mucho más exhaustivo». Se requiere además de equipos multidisciplinares que participen en todo el proceso investigación y exhumación.
Cerca de 600 fosas en Aragón
Aragón es una de las comunidades autónomas en las que más fosas de la Guerra Civil se concentran con miles de represaliados cuyos restos aún no han sido recuperados. Según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de la Presidencia, hay 581 fosas localizadas en nuestra comunidad autónoma.
Hace unos días se ha formado la Comisión Técnica de Memoria Democrática al calor del Gobierno de Aragón, «se conforma para trabajar en una actualización de los datos relativos a la ubicación de las víctimas del Franquismo» entre otros asuntos, explica Lapuente.
A muchas de las victimas se les incautaron los bienes una vez asesinados y ahora la nueva ley habla de reparación. Que sus descendientes los recuperen es prácticamente imposible, «lo que entiendo que se va a hacer es un reconocimiento, más que una reparación» considera la presidenta de la plataforma.
Búsqueda en una cuneta de Albarracín
Y mientras continúan la exhumaciones en Aragón. En Teruel, la Asociación Pozos de Caudé ha comenzado a buscar los cuerpos de 12 personas asesinadas y enterradas en la cuneta de la carretera de Albarracín. Todos ellos eran hombres vecinos de Cella y fueron represaliados nada más comenzar la Guerra Civil.
Durante años, un cartel con los nombres escritos a mano de 12 hombres de entre 25 y 61 años, ha recordado el lugar en que fueron pasados por las armas en la fatídica noche del 16 de septiembre de 1936. Allí, en un recodo de la carretera que va de Gea a Albarracín, comenzaban ayer los trabajos de localización de sus restos. «Se le llamó ‘la noche negra’, esa noche entre 60 y 70 personas estaban en una lista para matarlos’, explica Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Pozos de Caudé, promotora de la búsqueda e identificación de los cuerpos.
La historia que hay detrás de este enterramiento nos lleva a los primeros días de la sublevación franquista, donde las peores personas pudieron actuar con total impunidad, dando rienda suelta a sus instintos asesinos. Un testigo dejó por escrito lo sucedido. El horror se apoderó de buena parte de los vecinos, que intentaron esconderse. Sin embargo, los verdugos optaron entonces por asesinar a sus esposas. 13 de ellas reposan en el cementerio de Albarracín, donde fueron tiroteadas en el mismo día que fusilaban a los hombres, en Gea.
La fosa del Barranco de ‘Cortasogas’
Esta semana en Calatayud comenzaban los trabajos de Memoria Democrática en el Barranco de ‘Cortasogas’, una localización a 8km del centro de la localidad en el que se piensa, puede haber enterrados cuerpos de personas fusiladas durante el primer periodo del franquismo.
Allí se busca a «Eladio, de 38 años y médico de la Azucarera, Germán Baquedano de 33 años abogado y secretario de las Juventudes Socialista y Eugenio, de 29 años y regentaba una casa de comidas frente al Mesón de la Dolores», explica la concejal socialista Julia Olivas.