Fuente: heraldo.es Ver Noticia
El PSOE cree necesario revocar el acuerdo plenario de 1951 y el equipo de gobierno que la medalla era vitalicia y ya no tiene efecto.
El presumible penúltimo pleno del mandato 2019-2023 en el Ayuntamiento de Calatayud, celebrado este jueves por la tarde, ha servido para reverdecer las discrepancias que mantienen el equipo de gobierno y el PSOE sobre la vigencia del reconocimiento que recibió en 1951 el dictador Francisco Franco en forma de medalla de oro de la ciudad. Ha sido a cuenta de una nueva moción de los socialistas, que pedían iniciar los trámites para dejar sin efecto el acuerdo plenario en el que se sustentó la entrega. Los proponentes consideran que hay que tomar una medida equivalente y expresa y el alcalde, el popular José Manuel Aranda, que no dicho honor no está vigente.
«Hay que hacerlo, por legalidad y por cumplir el ordenamiento jurídico y por dignidad», ha insistido Julia Olivas, portavoz de los proponentes en el debate. En este sentido, tras recordar que es la quinta vez que se lleva el asunto a este órgano, consideraba que la definición de vitalicio «no sirve de excusa» y remarcaba, entre otros, los tres requerimientos realizados desde el Gobierno de Aragón y dos informes de la Delegación del Gobierno apelando a las leyes de Memoria a nivel nacional y regional.
Sin embargo, Aranda (PP) tachaba estas propuestas de retirada de «absurdo jurídico» e insistía en su argumento de que el reconocimiento acabó al morir el tirano. También cuestionaba que, a su juicio, las propias normativas, y en concreto la ley de Memoria Democrática, no obligan a la revocación del acuerdo, para lo que trazó una diferencia en que la ley habla de «poder» hacerlo y no de «deber». Olivas por su parte, que leyó una carta de la integrante de Arico Silvia Navarro, pidió la interpretación del secretario.
A este respecto, el responsable explicaba que «ese acuerdo no está vigente desde el punto de vista jurídico», pero reconocía que se podía tomar esa decisión con un carácter «simbólico y político». Por su parte, José Hueso, teniente de alcalde y responsable de la revisión del libro de honores y distinciones donde ya no consta el galardón, consideró que «no se está incumpliendo» y que «no existe la medalla». «Se puede hacer una declaración institucional, pero no anula nada», dijo, pidiendo ceñirse al procedimiento.
Desde Ciudadanos, Belén Jiménez tachaba la propuesta de «oportunista» y desde Vox, Pilar Delgado, valoraba que había «mejores cosas que hacer» y que se dejase «la fiesta en paz». En la votación, Lázaro, Hueso, Jiménez y la edil del PAR, Ana Belén Ballano, se abstuvieron; el PP votó en contra y solo el PSOE la respaldó.
En otros aspectos, tampoco se aprobó una moción socialista sobre el nuevo polideportivo. Yolanda Júlvez defendía la necesidad de una infraestructura moderna por las necesidades actuales y que su construcción fuera con fondos municipales, recordando que el actual equipo de gobierno «perdió el derecho al cobro» de una subvención de la DGA. Por su parte, Héctor Sarriá (PP) argumentó que no recibir esa ayuda fue una decisión «arbitraria y partidista» de Felipe Faci y Javier Lambán y abrió la puerta a que se hiciera mediante concesión público-privada.
Sí que salió adelante la presentación de un recurso de reposición contra el auto de la Audiencia Nacional que anuló los pliegos de la zona azul. Víctor Ruiz (PSOE) sostenía que se hace para «dilatar la ejecución» y «marear la perdiz», y recordó «los derechos vulnerados de la empresa excluida». Hueso defendió que se hacía para aclarar un aspecto y que esa empresa no se llegó a presentar al proceso de licitación.