Fuente: elaltojalon.es
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El Diputado del PSOE por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, ha intervenido esta mañana en el programa Buenos Días Alto Jalón para anunciar que este jueves se reunirá con la Asociación de Perjudicados por las Inmatriculaciones del Ayuntamiento de Monterde. En un caso que se encuentra en «el tiempo de descuento» antes de su judicialización, los afectados buscan apoyo político para intentar paralizar el proceso y negociar caso por caso con el Ayuntamiento antes de que el 30 de marzo expire el plazo legal para presentar denuncias.
Ruiz de Diego ha señalado que su intención es analizar la documentación de la que disponen los afectados y explorar vías para elevar la problemática a nivel nacional a través de la Comisión de Peticiones del Congreso. «Existe la posibilidad de hacer llegar este asunto al Congreso para que sea examinado y, si procede, derivarlo al ministerio competente», ha explicado el Diputado socialista.
«El senador Aranda intenta echar humo para evitar el problema»
Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha sido la referencia a la negativa del senador del PP, José Manuel Aranda, a intervenir en este conflicto. La semana pasada, el senador del PP y alcalde bilbilitano aseguró que no se implicaría en el caso alegando que «no le correspondía» y que «respetaba la autonomía municipal».
Ruiz de Diego ha criticado esta postura de manera contundente: «Los políticos estamos para escuchar a los ciudadanos. Los ciudadanos de Monterde o de cualquier otro pueblo tienen derecho a que sus representantes en el Congreso o en el Senado les escuchen y, si hay documentación que avale sus reivindicaciones, se estudie y se canalice adecuadamente». El Diputado también ha reprochado la actitud de Aranda al que ha acusado de intentar desviar el foco del problema: «El senador Aranda es muy hábil en intentar echar humo o barro en todas y cada una de las acciones en las que se mete. Nada le hubiera costado intentar ayudar a los vecinos de Monterde que se ven afectados por esta situación».
Más allá de la batalla legal que los afectados están librando para demostrar que las propiedades inmatriculadas les pertenecen, Ruiz de Diego ha puesto el foco en el impacto social del conflicto. En un contexto de despoblación y lucha por el mantenimiento del mundo rural, el Diputado ha cuestionado la lógica de una actuación municipal que puede afectar gravemente al futuro de un pequeño municipio: «La misión de las administraciones públicas es salvaguardar el bien común, pero el bien común nunca puede chocar con documentos que acrediten derechos de los particulares. Aquí no estamos hablando de una expropiación con una justificación de interés general, sino de un proceso de inmatriculación que los propios afectados denuncian como irregular».
Ruiz de Diego ha insistido en la importancia de esclarecer el origen de este procedimiento y el verdadero objetivo del Ayuntamiento de Monterde: «Hay que ver qué pretende el Ayuntamiento con estas propiedades: si es para explotación agrícola, para captar subvenciones de la PAC, o si hay otro interés detrás, como la instalación de plantas fotovoltaicas».
¿Mediación política o vía judicial?
La Asociación de Perjudicados, confiada en tener documentación que pruebe su postura de manera irrefutable, ha dejado claro que su objetivo es evitar el coste económico y emocional de un proceso judicial prolongado. Sin embargo, ante la falta de respuesta de figuras clave del Partido Popular y la pasividad de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, que se ha limitado a afirmar que «no puede obligar al alcalde a dar marcha atrás», la vía legal se presenta como el único camino viable.
Ruiz de Diego ha asegurado que hará todo lo posible por buscar soluciones políticas antes de que el caso termine de forma irremediable en los tribunales: «Si hay una forma de mediar con el alcalde y evitar que esto tenga que resolverse en los juzgados, yo la intentaré. Pero si no se consigue paralizar el proceso, los afectados tienen que asegurarse de que sus derechos no prescriban».
Ruiz de Diego también ha reflexionado sobre el papel que han jugado las distintas administraciones en este conflicto y el tiempo que han tardado en reaccionar. Reconoció que el caso de los inmatriculados de Monterde ha tardado en captar la atención política, en parte, porque la comarca «no es excesivamente reivindicativa» y, a menudo, las problemáticas locales solo se vuelven visibles cuando afectan directamente a la población. Sin embargo, dejó claro que el hecho de que las autoridades no hayan intervenido con mayor rapidez no exime de responsabilidades a quienes, teniendo capacidad de acción, han optado por mirar hacia otro lado.
Al ser preguntado por la falta de exigencias políticas sobre la continuidad del alcalde de Monterde, a pesar de las numerosas polémicas judiciales en las que se ha visto envuelto, Ruiz de Diego evitó pedir dimisiones, pero subrayó que, si se confirman nuevas condenas, “las responsabilidades no solo serán penales, sino también políticas”, y habrá que señalar a quienes han permitido que esta situación se prolongue.
Con el reloj corriendo en su contra y la primera sentencia judicial sobre una de las inmatriculaciones prevista para el 19 de febrero, los afectados de Monterde continúan buscando apoyo político para frenar lo que consideran un «expolio» de sus propiedades. La reunión de este jueves con el Diputado del PSOE será clave para determinar si pueden contar con el respaldo del Gobierno central en su lucha.
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