La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha dado un paso adelante en su lucha por recuperar sus propiedades, después de reunirse el pasado jueves en Calatayud con el diputado del PSOE por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego. En el encuentro, el congresista abrió la posibilidad de presentar el caso en el Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Peticiones, con el objetivo de dar visibilidad nacional a la problemática de las inmatriculaciones en el municipio bilbilitano.
Según ha confirmado esta mañana en Buenos Días Alto Jalón el afectado Miguel Ramos, presente el jueves pasado en la reunión, la propuesta de Ruiz de Diego se presenta como una nueva opción para presionar a las administraciones y evitar que los afectados pierdan sus propiedades ante la inacción del Ayuntamiento de Monterde. «Compareceremos ante la Comisión de Peticiones del Congreso para aportar documentación y dar a conocer nuestro caso a todos los diputados del arco parlamentario nacional», ha señalado Ramos, quien también ha reconocido que los plazos son ajustados debido a la prescripción de los registros inmatriculados, que se hará efectiva el próximo 30 de marzo de 2025. «Si llegada esa fecha el alcalde vende alguna de las propiedades a un tercero, ya no podremos reclamar nada si antes no lo hemos judicializado», señala.
Apoyo de distintas administraciones
El movimiento de la Asociación ha ido sumando respaldo en los últimos días en su intento de paralizar las inmatriculaciones antes de tener que denunciar y poder negociar caso por caso con el Ayuntamiento, evitando así grandes costes económicos tanto a los afectados, como a las arcas municipales. Tal y como ha relatado Miguel Ramos, ha sido José Manuel Aranda, senador del PP y alcalde de Calatayud, quien ha guiado a los inmatriculados en la presentación de acciones ante el Registro de la Propiedad como una posible vía para desbloquear el problema antes de llegar a los tribunales.
Según ha relatado Ramos, el registrador les explicó que si el Ayuntamiento de Monterde aprobase en Pleno municipal un acuerdo en el que reconociera que un asiento registral se ha realizado de forma errónea y que su legítimo propietario tiene la documentación adecuada, el registro podría ser anulado directamente. «Bastaría con que el Pleno reconociera que esas propiedades no son del Ayuntamiento para que el registrador anule las inmatriculaciones», explica Ramos.
Sin embargo, este procedimiento requiere el respaldo de la mayoría del Pleno municipal, lo que en la práctica supone que algún concejal del equipo de gobierno del alcalde José Gracia debería votar en contra del propio alcalde. Una posibilidad que los afectados ven prácticamente imposible, dada la falta de respuesta del equipo de gobierno ante todas sus peticiones. «Hasta la fecha, no han querido contestar a ninguna de las preguntas que se les han planteado en los plenos. Los concejales que apoyan al alcalde ni siquiera han abierto la boca cuando se ha tratado este tema», denuncia Ramos.
Por su parte, Marina Sevilla, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, también ha mostrado su disposición a analizar el caso tras reunirse la semana pasada con la asociación de perjudicados. «En las últimas semanas estamos viendo cómo los responsables políticos comienzan a interesarse por nuestra situación, algo que hace solo unos meses parecía imposible», ha explicado Ramos en la entrevista viendo «un rayo de luz».
Con todo, ante la negativa del alcalde de recibir a los inmatriculados y de contestar a sus preguntas registradas en el Ayuntamiento, la opción más directa sigue siendo la vía judicial, ya que las inmatriculaciones solo podrán ser anuladas si se presentan impugnaciones legales antes de los dos años de inscripción. De no ser así, la titularidad pasará definitivamente al Ayuntamiento, dejando a los afectados sin posibilidad de reclamación. El plazo para la mayoría de las inmatriculaciones vence el próximo 30 de marzo. El tiempo juega en contra de los afectados.
Fechas clave y próximos pasos
El calendario sigue avanzando y los afectados intensifican sus esfuerzos. Los afectados siguen insistiendo en una reunión con el alcalde de Monterde, José Gracia, quien hasta la fecha no ha respondido a ninguna de las solicitudes de diálogo. Con el tiempo en contra, los inmatriculados intensifican sus acciones en busca de una solución antes de que se cierre la última ventana legal para recuperar sus propiedades.
En este sentido, el próximo 19 de febrero se celebrará la primera vista judicial de una de las propiedades ya en litigio, lo que podría sentar un precedente para el resto de afectados. «Si la sentencia es favorable a la demandante, podría ser un punto de inflexión para el resto de casos», ha asegurado Ramos todavía esperanzado en que el grueso de las inmatriculaciones no tengan que llegar a juicio.
Por otro lado, el próximo jueves, 13 de febrero, los afectados se concentrarán de nuevo en las Cortes de Aragón para exigir soluciones y apoyo de los grupos políticos autonómicos. Además, han solicitado reuniones con todas las formaciones con representación en las Cortes para trasladarles su problemática de primera mano.
Será el 5 de marzo cuando los afectados llevarán su lucha a Madrid, con una concentración frente al Congreso de los Diputados y su comparecencia en la Comisión de Peticiones, en un intento de que el Gobierno central tome cartas en el asunto. Mientras el tiempo sigue descontando días hasta el 30 de marzo, los afectados se aferran a las pocas vías que les quedan para evitar que sus propiedades queden definitivamente inscritas a nombre del Ayuntamiento, un desenlace que, según advierten, marcaría un antes y un después en la historia de Monterde.
«Nuestra voz ha llegado a los políticos, y algunos empiezan a tomar conciencia de la gravedad del problema. Pero los plazos corren en nuestra contra. No podemos permitir que lo que es nuestro pase a manos del Ayuntamiento sin una base legal clara», ha concluido Ramos.