Fuente: elaltojalon.es
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El Congreso de los Diputados ha dado este martes un primer paso para abordar la problemática de las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde. La Comisión de Peticiones ha acordado trasladar el caso tanto al Gobierno como al Defensor del Pueblo, una decisión que supone el inicio de un posible proceso para tratar este conflicto en el ámbito nacional. En los próximos días, los afectados recibirán una carta oficial del Congreso confirmando el acuerdo alcanzado hoy en la Comisión.
La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, que registró oficialmente su solicitud para comparecer ante la Comisión el pasado mes de febrero. La petición fue tramitada con el apoyo del diputado del PSOE por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, quien ha jugado un papel clave para que el caso llegue al Congreso. La problemática, que ya ha sido trasladada la semana pasada también a las Cortes de Aragón con una pregunta al Gobierno por parte de Izquierda Unida, da así un salto cualitativo al situarse en la agenda política nacional.
En la solicitud presentada, la Asociación denuncia la inmatriculación masiva de propiedades por parte del Ayuntamiento de Monterde, que ha inscrito a su nombre numerosas casas, parcelas, bodegas y almacenes en el municipio zaragozano y en su pedanía de Llumes. Esta situación ha supuesto un grave perjuicio económico para decenas de vecinos, que se consideran desposeídos de sus propiedades por un «abuso de autoridad». La Asociación ha señalado que esta situación ha generado un clima de tensión social y una fuerte inestabilidad económica y emocional en la localidad.
«Nos sentimos atropellados por un abuso de autoridad que nos deja desposeídos de nuestras propiedades», señala la petición registrada en el Congreso. Según los afectados, el problema se arrastra desde hace más de un año sin que las instituciones locales ni autonómicas hayan ofrecido una respuesta efectiva para solucionarlo.
La situación ha llevado a los vecinos a buscar apoyo en el ámbito estatal ante la falta de soluciones en las administraciones locales y autonómicas. La Asociación ha solicitado formalmente ser escuchada en el Congreso para exponer la magnitud del problema y reclamar una intervención urgente que frene las inmatriculaciones y garantice la protección de los derechos de los propietarios afectados.
Además de la exposición de los hechos, la Asociación ha puesto a disposición de los diputados un extenso archivo documental que respalda la denuncia. Los documentos, disponibles en la página web de la Asociación (https:/www.asociacionperjudicadosalcaldemonterde.es), incluyen pruebas de las inmatriculaciones, testimonios de los afectados y reportajes de prensa que reflejan la evolución del conflicto.
La solicitud fue registrada en el Congreso el pasado 12 de febrero y ahora queda en manos de la Comisión de Peticiones valorar la posible convocatoria de los afectados para que puedan exponer su caso directamente en la Cámara Baja. La Asociación considera que esta iniciativa es clave para que el conflicto trascienda el ámbito local y se convierta en un asunto de interés nacional, lo que podría acelerar la búsqueda de soluciones definitivas.
El tiempo, sin embargo, juega en contra de los afectados. El plazo para que los vecinos presenten sus reclamaciones por la vía judicial finaliza el próximo 31 de marzo, lo que obligará a los afectados a asumir importantes costes económicos en caso de no resolverse el conflicto a nivel institucional. La Asociación ya ha señalado que el primer juicio en el que una vecina presentó una demanda contra el Ayuntamiento fue favorable a la demandante, pero el proceso se alargó dos años y generó importantes gastos tanto para la afectada como para las arcas municipales.
Con la intervención del Congreso, que se suma a la protesta frente a las puertas de la Cámara Baja del pasado 5 de marzo, los afectados esperan que el Gobierno central y el Defensor del Pueblo asuman un papel activo en la resolución de este conflicto y pongan fin a una situación que consideran «injusta y abusiva». La carta del Congreso con el acuerdo de la Comisión de Peticiones supone un rayo de esperanza para los vecinos de Monterde, que confían en que esta vía institucional sea el principio del fin de su larga batalla por recuperar sus propiedades.