Fuente: elaltojalon.es
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Los diputados socialistas por Zaragoza, Víctor Javier Ruiz de Diego y Marta Gracia Blanco, han registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer el estado de los trámites para la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la cereza de las comarcas de Calatayud y el Aranda en la provincia de Zaragoza. Esta iniciativa, que busca consolidar la cereza de la zona como un referente de calidad en el mercado, lleva en marcha desde 2017 y ha atravesado distintas fases a lo largo de estos años.
El proyecto abarca una producción cercana a los 9 millones de kilos de cereza en una superficie de 3.300 hectáreas, lo que supone una parte importante de la producción frutícola de Aragón. La cereza de Calatayud y el Aranda ha sido reconocida por su calidad y su potencial comercial, lo que ha motivado la puesta en marcha de este plan para garantizar una protección específica mediante una figura de calidad reconocida a nivel europeo.
Aragón es una de las regiones líderes en la producción de cereza en España, junto a Extremadura. La región aporta cerca del 80 % de la producción nacional, con alrededor de 70.000 toneladas anuales cultivadas en 10.000 hectáreas. De esa cifra, la zona de Calatayud y el Aranda produce unas 15.000 toneladas, consolidándose como una de las principales áreas productoras de cereza en España.
El proceso para obtener la IGP ha pasado por diversas fases, en las que se incluye la elaboración de un pliego técnico que debe ser revisado y aprobado por el Gobierno de Aragón, antes de recibir el reconocimiento del Ministerio de Agricultura y, finalmente, la Unión Europea. La creación de este sello de calidad no solo garantizará la excelencia del producto, sino que también contribuirá a dinamizar la economía local y posicionar a la región como referente en la producción de cereza de calidad.
En los primeros años del proyecto, el Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la ADRI Calatayud-Aranda destinaron cerca de 50.000 euros para la redacción de una carta de calidad que fue aprobada en 2019. Este impulso inicial permitió la creación de una asociación de productores y comercializadores, la formación especializada y la elaboración de un manual de identidad corporativa para reforzar la presencia comercial de la cereza de Calatayud y el Aranda en el mercado.
El proyecto ha estado paralizado durante gran parte de 2023 debido a la falta de recursos económicos, pero la reciente declaración del Gobierno de Aragón sobre la disponibilidad de financiación ha reactivado las expectativas de los productores y de las instituciones locales. En una reunión celebrada el pasado mes de enero en Calatayud, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, aseguró que “la financiación no será un problema” para completar el proceso y formalizar la figura de calidad. La creación de la IGP podría traducirse en una mayor proyección comercial para la cereza de Calatayud y el Aranda, así como en un impulso para la economía de las localidades productoras.
Noelia Sánchez, consejera de CHA en la Comarca Comunidad de Calatayud y alcaldesa de Valtorres, ha sido una de las principales impulsoras del proyecto. Sánchez ha subrayado la importancia de este reconocimiento para proteger el producto y mejorar la competitividad del sector agrícola en la comarca.
Con esta pregunta en el Congreso, el PSOE busca obtener una respuesta clara sobre el estado actual del proceso y las próximas fases para la obtención de la IGP. El objetivo es que el reconocimiento de la cereza de Calatayud y el Aranda como producto protegido se convierta en una realidad en los próximos meses, fortaleciendo así el sector agrícola y la economía local de estas comarcas aragonesas.