Fuente: elaltojalon.es
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Redacción | lunes, 21 de abril de 2025, 14:58
El Gobierno de España ha aclarado que la responsabilidad de controlar la plaga del fuego bacteriano en explotaciones de manzanos y perales recae en las comunidades autónomas, según la respuesta emitida el pasado 14 de abril a una pregunta parlamentaria formulada por los diputados socialistas Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Begoña Nasarre Oliva.
En su contestación, el Ejecutivo explica que el fuego bacteriano, causado por la bacteria Erwinia amylovora, afecta especialmente a las plantas de la familia de las rosáceas —como el manzano y el peral— y tiene la consideración de plaga cuarentenaria para las zonas protegidas designadas como tales por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072. Sin embargo, aclara que la comunidad autónoma de Aragón, que motivó la pregunta de los diputados, no cuenta con dicha consideración de Zona Protegida para esta enfermedad.
El Gobierno recuerda que el Real Decreto 1201/1999 regula a nivel estatal el programa de erradicación y control del fuego bacteriano, pero insiste en que, conforme a la Ley de Sanidad Vegetal de 2002 y al reparto de competencias constitucional, son las comunidades autónomas quienes deben adoptar medidas preventivas y correctoras para hacer frente a esta plaga en sus respectivos territorios.
Asimismo, señala que los titulares de explotaciones agrícolas están obligados a mantener en buen estado fitosanitario sus cultivos y a aplicar las medidas obligatorias que se decreten ante la detección de una plaga, subrayando que las propias comunidades pueden establecer ayudas específicas en esta materia.
La respuesta se produce en un contexto de preocupación entre productores frutícolas del valle del Jalón y otras zonas agrícolas de Aragón, donde se han detectado problemas relacionados con esta plaga en campañas anteriores. Desde el Congreso, los diputados impulsores de la pregunta habían solicitado información sobre las actuaciones previstas para prevenir y controlar el avance del fuego bacteriano y evitar su impacto económico sobre el sector agrícola.
Con este pronunciamiento, el Ejecutivo central remite a las autoridades autonómicas la responsabilidad directa sobre las medidas de vigilancia, erradicación y apoyo económico en materia de sanidad vegetal.