Fuente: elaltojalon.es
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El diputado socialista por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, acompaña este miércoles 2 de abril a los vecinos y vecinas de Monterde afectados por las inmatriculaciones impulsadas por el Ayuntamiento de la localidad, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, donde exponen hoy su situación, solicitado el respaldo de todos los grupos parlamentarios.
En una entrevista concedida esta mañana a Buenos Días Alto Jalón, de Alto Jalón Radio, Ruiz de Diego ha calificado la intervención como un «día importante» para los afectados, señalando que “no son unos locos iluminados que quieren apropiarse de lo que no es suyo, sino vecinos que han visto vulnerados sus derechos y buscan que se restablezca la legalidad”.
Inmatriculaciones bajo sospecha y un Ayuntamiento en el punto de mira
Ruiz de Diego ha denunciado que las inmatriculaciones promovidas por el alcalde José Gracia (PP) podrían haberse realizado «de tapadillo», como ya reconoció en pleno uno de los concejales del equipo de Gobierno, José Colás (PP), el primero en desmarcarse de la actuación de su alcalde en este tema. Una falta de transparencia que, a juicio del diputado, “podría implicar responsabilidades no solo administrativas, sino también civiles o penales si se confirma que se actuó sin informar debidamente al pleno ni a los propios ediles”.
El congresista también ha mostrado su preocupación por la acumulación de irregularidades en el Ayuntamiento de Monterde, que ya acumula una condena judicial por la anulación de los presupuestos de 2023 y mantiene abiertas múltiples causas por posibles inmatriculaciones ilegales, además de una investigación judicial al alcalde por presunto fraude electoral.
Señalamiento a una empresa y elevado gasto en pleitos
Durante la entrevista, Ruiz de Diego ha adelantado que estará pendiente del desarrollo de los juicios y de las consecuencias económicas que puedan derivarse para el municipio. En este sentido, ha expresado su inquietud por los posibles 85.000 euros que el Ayuntamiento habría abonado a una empresa asesora externa, señalada por los afectados como parte fundamental del proceso de inmatriculaciones.
El socialista ha criticado duramente que un municipio pequeño como Monterde esté destinando fondos municipales a litigios judiciales en lugar de invertir en servicios o iniciativas para mantener población. Asimismo, ha recordado que “la ley de transparencia permite a cualquier ciudadano acceder a las cuentas públicas” y ha alentado a los vecinos a solicitar información.
Apoyo sin fisuras a los afectados
Ruiz de Diego ha reiterado su disposición a colaborar con todas las fuerzas políticas, «excepto con VOX», para defender los derechos de los vecinos, a los que considera “ejemplo de dignidad, lucha y reivindicación vecinal en el medio rural”. También ha apuntado que la presencia de los parlamentarios del PP, partido del alcalde de Monterde, en la Comisión, será clave para medir el verdadero compromiso institucional con la resolución de este conflicto.
El final de un modelo
Sobre el futuro político en Monterde, el congresista ha sido claro: “Fue elegido democráticamente, y eso lo respeto, pero las malas prácticas que se están destapando hacen insostenible la actual gestión”. Ha recordado que serán los tribunales, las instituciones fiscalizadoras y, en última instancia, los vecinos en las urnas, quienes determinarán si se pone fin al modelo de gobierno actual.
Ruiz de Diego ha concluido la entrevista señalando que seguirá trabajando para arrojar luz sobre un caso que afecta al corazón mismo de la democracia local y los derechos fundamentales.
Críticas al proyecto de Universidad privada en Calatayud
En otro orden de temas, Ruiz de Diego ha abordado la reciente modificación del Gobierno central para endurecer los requisitos de apertura de universidades privadas, una medida que afecta de lleno al proyecto de universidad privada anunciado en Calatayud. El diputado ha criticado que, pese a los anuncios del alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, no existe ningún documento oficial sobre el proyecto en el Ayuntamiento, y ha denunciado “falta de transparencia total”.
Asimismo, ha alertado del riesgo de permitir la proliferación de centros sin garantías académicas: “No estamos en contra de las universidades privadas, pero sí de los experimentos que mercantilizan la educación sin asegurar la calidad”.